OS TRANSCRIBIMOS LA NOTA PUBLICADA EN LA VOZ DE CÁDIZ, RESPECTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA JUNTA DE PERSONAL EN LA FISCALIA, EN LA QUE TENEMOS FUERTE REPRENTACIÓN, SOBRE LAS PRESIONES DENUNCIADAS POR LA COORDINADORA DE ASUNTOS SOCIALES A ÉSTE ÓRGANO.
CÁDIZ
Declaran en Fiscalía las subordinadas de Pilar Tubío por la denuncia de Matadero
El Ministerio Público no archiva la
denuncia de la Junta de Personal del Ayuntamiento que habla de
presiones políticas para adjudicar viviendas a dedo.
No ha habido carpetazo, sino todo lo contrario; ahondar en
busca de pruebas, de indicios que apunten a la comisión de delitos que
puedan ser denunciados ante el juzgado. La Fiscalía de Cádiz está
indagando en el proceso de adjudicación de las viviendas de Matadero que
se entregaron, con varios años de retraso, hace escasas semanas. El
punto de partida es la denuncia formulada en septiembre por la Junta de
Personal del Ayuntamiento de Cádiz que habla de presiones políticas
sufridas por trabajadores del área de Servicios Sociales para que
modificaran los criterios técnicos aplicados en la baremación de las
familias solicitantes y alterar la lista de beneficiarios. En esa tarea
de investigación, la Fiscalía tomaba ayer declaración a las tres jefas
de programas que se situaban en el organigrama interno del departamento
un escalón por debajo de la excoordinadora del servicio, Pilar Tubío,
quien provocó con su dimisión en septiembre el inicio de esta crisis que
ha acabado en la esfera judicial.
Estas declaraciones en el marco de las diligencias abiertas
por el Ministerio Público se producen días después de que Pilar Tubío
se presentara ante el fiscal. No ha trascendido el contenido de lo que
contó a la Fiscalía, si ratificó la denuncia que presentó la Junta de
Personal y posteriormente el PSOE. Lo cierto, como subrayan fuentes
judiciales, es que de haber desmentido las graves acusaciones que se
puso en conocimiento del Ministerio Público, éste no habría ordenado la
práctica de más diligencias como nuevas testificales. El caso se
habría desmontado al poco de nacer con la negativa de la protagonista
principal.
Pero ha ocurrido todo lo contrario. De las respuestas
ofrecidas por Tubío, el fiscal ha entendido que debe seguir solicitando
más pruebas y entre ellas estaba interrogar a las tres subordinadas
directas que tenía la excoordinadora de Servicios Sociales. Según los
testimonios de trabajadores sociales que han ventilado sindicatos como
Autonomía Obrera, las concejalas Mercedes Colombo y Carmen Sánchez
habrían sido las artífices de esas presiones políticas, llamando a las
trabajadoras para que modificaran esos criterios de baremación
aprovechando que su responsable máximo estaba de vacaciones. En
sustitución de Tubío, las tres jefas de programa asumían sus
responsabilidades.
Este periódico también ha podido saber que el Ministerio
Público ha solicitado la práctica de más pruebas antes de concluir unas
diligencias que pueden cerrarse o transformarse en una denuncia formal
elevada a los juzgados. Las fuentes consultadas aseguran que la
intención del fiscal es no superar los seis meses y tomar una decisión
dentro de ese plazo.
Desde la Junta de Personal esperan que se depure
responsabilidades «en caso de haberlas» y recuerdan que su papel se ha
limitado a poner en conocimiento las graves acusaciones que tenían de
trabajadoras del Ayuntamiento: «Nuestra obligación era darle curso. No
nos podíamos callar. Ahora le toca a la Justicia hablar».
No ha habido carpetazo, sino todo lo contrario; ahondar en
busca de pruebas, de indicios que apunten a la comisión de delitos que
puedan ser denunciados ante el juzgado. La Fiscalía de Cádiz está
indagando en el proceso de adjudicación de las viviendas de Matadero que
se entregaron, con varios años de retraso, hace escasas semanas. El
punto de partida es la denuncia formulada en septiembre por la Junta de
Personal del Ayuntamiento de Cádiz que habla de presiones políticas
sufridas por trabajadores del área de Servicios Sociales para que
modificaran los criterios técnicos aplicados en la baremación de las
familias solicitantes y alterar la lista de beneficiarios. En esa tarea
de investigación, la Fiscalía tomaba ayer declaración a las tres jefas
de programas que se situaban en el organigrama interno del departamento
un escalón por debajo de la excoordinadora del servicio, Pilar Tubío,
quien provocó con su dimisión en septiembre el inicio de esta crisis que
ha acabado en la esfera judicial.
Estas declaraciones en el marco de las diligencias abiertas
por el Ministerio Público se producen días después de que Pilar Tubío
se presentara ante el fiscal. No ha trascendido el contenido de lo que
contó a la Fiscalía, si ratificó la denuncia que presentó la Junta de
Personal y posteriormente el PSOE. Lo cierto, como subrayan fuentes
judiciales, es que de haber desmentido las graves acusaciones que se
puso en conocimiento del Ministerio Público, éste no habría ordenado la
práctica de más diligencias como nuevas testificales. El caso se
habría desmontado al poco de nacer con la negativa de la protagonista
principal.
Pero ha ocurrido todo lo contrario. De las respuestas
ofrecidas por Tubío, el fiscal ha entendido que debe seguir solicitando
más pruebas y entre ellas estaba interrogar a las tres subordinadas
directas que tenía la excoordinadora de Servicios Sociales. Según los
testimonios de trabajadores sociales que han ventilado sindicatos como
Autonomía Obrera, las concejalas Mercedes Colombo y Carmen Sánchez
habrían sido las artífices de esas presiones políticas, llamando a las
trabajadoras para que modificaran esos criterios de baremación
aprovechando que su responsable máximo estaba de vacaciones. En
sustitución de Tubío, las tres jefas de programa asumían sus
responsabilidades.
Este periódico también ha podido saber que el Ministerio
Público ha solicitado la práctica de más pruebas antes de concluir unas
diligencias que pueden cerrarse o transformarse en una denuncia formal
elevada a los juzgados. Las fuentes consultadas aseguran que la
intención del fiscal es no superar los seis meses y tomar una decisión
dentro de ese plazo.
Desde la Junta de Personal esperan que se depure
responsabilidades «en caso de haberlas» y recuerdan que su papel se ha
limitado a poner en conocimiento las graves acusaciones que tenían de
trabajadoras del Ayuntamiento: «Nuestra obligación era darle curso. No
nos podíamos callar. Ahora le toca a la Justicia hablar».
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