Ser de Izquierdas, no es sólo decirlo, es aplicarlo con hechos. Si un partido se hace llamar de izquierdas sus políticas han de ser acorde a su ideología, y no sólo demostrarlo con discursos a la opinión pública, cuando las urnas y los votos de los ciudadanos los impulsan al poder y por consiguiente al mando en las administraciones públicas, todo lo contrario es un engaño a la ciudadanía que deposita su confianza en las elecciones correspondientes.
Los recortes anunciados ayer por parte del Gobierno de coalición PSOE-IU en la Junta de Andalucía, contra las retribuciones de los Funcionarios y Personal Laboral en la Administración Autónomica responden a políticas neoliberales mas cercanas a la derecha que a políticas de izquierda. No es excusa la de imposición de reducción del Deficit, realizada por el Gobierno Central, que a su vez es manejado por los mercados financieros a su antojo, no es excusable que esos recortes se realizan siempre a los mismos, máximo cuando en el año 2010, ya sufrieron recortes en sus nóminas, que sumado a la subida del IVA, y posteriormente a la subida de IRPF, vieron por tanto como sus remuneraciones llegaban a índices del año 2006.
Andalucía pierde una oportunidad histórica para demostar al mundo, que con políticas de izquierdas adecuadas se puede hacer frente a la crisis actual, sin que para ello sea necesario las medidas de austeridad que sufren directamente y constantemente los ciudadanos y los trabajadores públicos.
Los recortes a los funcionarios de la administración autonómica se mueven más en el hilo de la vengaza hacia este colectivo, por sus reivindicaciones en los úlitmos tiempos, tras la implantación de la ley de ordenación de la administración pública. Reivindicaciones que han ido acompañadas de numerosas demandas judiciales por la usurpación de funciones de los Funcionarios, y por su interés en que todos los puestos y plazas de trabajadores públicas se realicen con procesos selectivos donde predomine los criterios de igualdad, mérito y capacidad encuadrados en la legislación vigente, que la Administración Autonómica a raiz de las sentencias judiciales se ha saltado una y otra vez.
Desde la Sección Sindical de Autonomía Obrera en el Ayto. de Cádiz, mostramos nuestro apoyo a los colectivos de personal funcionario y laboral de la Junta de Andalucía, le instamos a que continuen su lucha contra las continuas zancadillas y que realicen las medidas acordes y constantes para hacer entender a la opinión pública y a los ciudadanos la importancia de sus reivindicaciones, pues de la objetividad de sus actos prevalece la equidad en los servicios que se prestan. Ahora más que nunca ¡ORGANIZACIÓN Y LUCHA!
LOS RECORTES
- reducen la paga extra de junio 30-40%.
- Bajan el sueldo a los interinos un 15%.
- Reducen el sueldo de los empleados públicos hasta un 6%.
- L
- El Ejecutivo autonómico aprueba medidas para cumplir con el recorte establecido por el Gobierno
- La Junta no aumentará el número de alumnos por aula
- Los consejeros se rebajan un 5% el sueldo, igual que la media de los empleados públicos
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha presentado hoy el mayor recorte de la historia de la autonomía andaluza para cumplir con el objetivo del déficit del 1,5% del PIB en este ejercicio. La medida más llamativa es la bajada de sueldo de todas las personas que perciben una nómina de la Junta de Andalucía que verán suspendidos la percepción de los complementos que perciben hasta ahora. La decisión es temporal. Esta
medida se aplicará de manera inmediata ya que en el mes de junio la
paga extra de verano se verá reducida entre un 30% y un 40% de media.
Además, el Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida va a subir la presión fiscal y aumentará en un punto la tarifa autonómica del IRPF para las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros. La inversión pública se congela y no habrá obra nueva salvo en casos excepcionales, según ha dicho Aguayo en una extensa conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.
El Presupuesto de la Junta de Andalucía actual va a ser modificado por un montante de 3.500 millones de euros. Mil millones pertenecen a la partida de ingresos y los 2.500 restantes afectarán a los gastos, 200 menos de los anunciados inicialmente.
La máxima en la que se ha movido el Gobierno andaluz ha sido el de evitar los despidos de los empleados públicos y “preservar el sistema educativo”. En este sentido, la Junta aplicará el aumento de la jornada lectiva a los profesores, porque es norma básica de obligado cumplimiento, pero no aumentará el número de alumnos por aula, ha dicho Aguayo.
La eliminación de los pluses que perciben los funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía significará una reducción del salario de hasta un 6%, mientras que los que tienen contratos de interinos esta rebaja será casi del doble. En concreto del 15% ya que también reducirán su jornada laboral en el mismo porcentaje. Habrá disminución de las horas extraordinarias.
La reducción de salarios afectará al presidente de la Junta, a los consejeros y viceconsejeros que se bajarán el sueldo en un 5%. Estos altos cargos ya “sufrieron”, en palabras de Aguayo, una bajada salarial del 15% el año pasado y desde hace dos años tienen el sueldo congelado. Los cargos elegidos por el Parlamento también seguirán este senda, pero debe ser la Cámara autonómica la que lo proponga y lo apruebe.
En cuanto a la presión fiscal, además del aumento del tramo autonómico del IRPF, la Junta prevé multiplicar la tarifa actual del impuesto de Patrimonio y por dos el de venta de hidrocarburos, salvo el gasóleo agrícola. Los actos jurídicos documentados pasarán del 1,2%al 1,5%. También aumentará la tasa fiscal sobre las máquinas tragaperras. Las previsiones de ingresos por vía impositiva son: 25 millones por IRPF, 9 millones por patrimonio, 100 millones por actos jurídicos documentados, 120 por carburantes al año y 16 millones por el juego
Respecto a los gastos corrientes, se reducen un 50% la flota de vehículos de altos cargos, se limita el cobro de dietas, se elimina la partida de protocolo para altos cargos y personal directivo de las empresas públicas, salvo la del presidente y los consejeros. La partida en publicidad también bajará un 50%.
Además, el Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida va a subir la presión fiscal y aumentará en un punto la tarifa autonómica del IRPF para las rentas de entre 60.000 y 120.000 euros. La inversión pública se congela y no habrá obra nueva salvo en casos excepcionales, según ha dicho Aguayo en una extensa conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.
El Presupuesto de la Junta de Andalucía actual va a ser modificado por un montante de 3.500 millones de euros. Mil millones pertenecen a la partida de ingresos y los 2.500 restantes afectarán a los gastos, 200 menos de los anunciados inicialmente.
La máxima en la que se ha movido el Gobierno andaluz ha sido el de evitar los despidos de los empleados públicos y “preservar el sistema educativo”. En este sentido, la Junta aplicará el aumento de la jornada lectiva a los profesores, porque es norma básica de obligado cumplimiento, pero no aumentará el número de alumnos por aula, ha dicho Aguayo.
La eliminación de los pluses que perciben los funcionarios y personal laboral de la Junta de Andalucía significará una reducción del salario de hasta un 6%, mientras que los que tienen contratos de interinos esta rebaja será casi del doble. En concreto del 15% ya que también reducirán su jornada laboral en el mismo porcentaje. Habrá disminución de las horas extraordinarias.
La reducción de salarios afectará al presidente de la Junta, a los consejeros y viceconsejeros que se bajarán el sueldo en un 5%. Estos altos cargos ya “sufrieron”, en palabras de Aguayo, una bajada salarial del 15% el año pasado y desde hace dos años tienen el sueldo congelado. Los cargos elegidos por el Parlamento también seguirán este senda, pero debe ser la Cámara autonómica la que lo proponga y lo apruebe.
En cuanto a la presión fiscal, además del aumento del tramo autonómico del IRPF, la Junta prevé multiplicar la tarifa actual del impuesto de Patrimonio y por dos el de venta de hidrocarburos, salvo el gasóleo agrícola. Los actos jurídicos documentados pasarán del 1,2%al 1,5%. También aumentará la tasa fiscal sobre las máquinas tragaperras. Las previsiones de ingresos por vía impositiva son: 25 millones por IRPF, 9 millones por patrimonio, 100 millones por actos jurídicos documentados, 120 por carburantes al año y 16 millones por el juego
Respecto a los gastos corrientes, se reducen un 50% la flota de vehículos de altos cargos, se limita el cobro de dietas, se elimina la partida de protocolo para altos cargos y personal directivo de las empresas públicas, salvo la del presidente y los consejeros. La partida en publicidad también bajará un 50%.
El recorte del sueldo afecta al presidente de la Junta, a los consejeros y a los viceconsejeros
La
Junta de Andalucía bajará el sueldo de los funcionarios, entre altos
cargos y empleados, en un 5% y acometerá una subida en los tramos
autonómicos del IRPF para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5%.
El
Ejecutivo regional modificará en 3.500 millones de euros el presupuesto
de la Comunidad para 2012, con un aumento de 1.000 millones en la
previsión de ingresos y una reducción de 2.500 millones en diversas
partidas de gasto, a través de medidas "reversibles y temporales.
La
consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo,
explicó que este plan económico-financiero es "efecto de los recortes
planteados desde el Estado" y se remitirá esta tarde al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
El
plan incluye el recorte en un 5% del sueldo del presidente de la Junta,
de los consejeros y viceconsejeros, así como una bajada en los
complementos y retribuciones de carácter variable de los empleados
públicos, tanto funcionarios como interinos, en aras de "minimizar el
impacto en el empleo público y evitar una pérdida", para lo cual se
articula una batería de medidas.
MÁS HORAS EN LA JORNADA LABORAL.
También
habrá un aumento de 35 a 37,5 horas en la jornada laboral de empleados
públicos en aplicación de la normativa básica estatal, habrá una
reducción del número de altos cargos, y se bajará el número de horas
extraordinarias y los complementos adicionales de pagas extraordinarias
de junio y diciembre.
Asimismo,
se limitarán las ayudas a los sindicatos (se prevé un ahorro de 10
millones de euros) y se modificarán aspectos, además del Capítulo 1,
también en el Capítulo 2 y 4 del Presupuesto.
El
ajuste en ese Capítulo 1 es de 777 millones de euros, según ha expuesto
la consejera, quien ha anunciado que este viernes será convocada la
mesa general de la Función Pública para trasladar a los sindicatos estas
medidas y poderlo negociar adecuadamente.
La
consejera ha señalado que los ajustes que afectan al personal de la
Junta se llevarán a cabo de forma inmediata, destacando que estas
medidas suponen "un esfuerzo solidario" del conjunto de trabajadores
públicos que pretenden ser lo menos lesivas sobre la renta corriente, de
manera que se centrarán fundamentalmente en las percepciones variables.
Tras
referirse la disminución en un 50 por ciento de los delegados de la
Junta en las provincias, lo que supondrá importantes ahorros operativos
por economía de escala en la prestación de servicios, ha destacado la
suspensión de la equiparación retributiva de los altos cargos de la
Junta (presidente, consejeros y viceconsejeros) con la administración
central del estado y la reducción en un cinco por ciento en sus
retribuciones.
La
Junta ha adoptado una batería de medidas que afectan a retribuciones de
empleados públicos para evitar el despido de unas 30.000 personas como
consecuencia de la ampliación de la jornada laboral. Así, se dejarán en
suspenso las distintas mejoras y ayudas aplicadas al personal
funcionario y laboral (premios de jubilación, permisos de jubilación o
contratos de relevo).
Asimismo,
se eliminarán los complementos adicionales de las pagas extraordinarias
de los meses de junio y diciembre y se reducirán en el sector públicos
instrumental aquellos complementos que, sin ser parte de la estructura
salarial básica, permitan una minoración similar. También disminuirán un
diez por ciento las percepciones vinculadas a las retribuciones de
carácter variable.
Habrá
una disminución del número de horas extraordinarias, mientras que en el
caso del personal interino y laboral temporal, se les reducirá en un 15
por ciento la jornada laboral y el sueldo, evitando así que se vean en
la calle como consecuencia del aumento de jornada laboral de los
funcionarios a 37,5 horas semanales.
El
Plan supone también un nuevo impulso a las medidas de eficacia y
ahorro, manteniendo la calidad de los servicios. Concretamente, se
plantea una reducción del diez por ciento adicional del gasto operativo
en bienes y servicios de la administración pública, mediante la
reducción del 50 por ciento de la flota de vehículos de altos cargos; la
eliminación de la partida de protocolo para altos cargos y personal
directivo de los entes instrumentales --salvo presidente y consejeros--;
bajada de un 50 por ciento adicional en la partida de información,
divulgación y publicidad, y de un 15 por ciento adicional en
arrendamiento y en lo referido a indemnizaciones por locomoción,
traslado y dietas.
En
el ámbito del gasto sanitario, se avanzará en el programa de
plataformas centralizadas de compra, una medida con la que se espera un
ahorro estimado de cien millones de euros anuales. En el resto de áreas,
se producirá una reprogramación de los proyectos previstos con el fin
de establecer un nuevo horizonte de ejecución acorde con las
disponibilidades presupuestarias actuales y no se iniciarán nuevas
obras, sino de forma excepcional.
MEDIDAS PARA AUMENTAR INGRESOS
En
cuanto a las medidas para aumentar en 1.000 millones los ingresos, se
incluyen varias de carácter fiscal, como la modificación en los últimos
tramos de la tarifa autonómica del IRPF, que pasará al 23,5 por ciento
en el caso de rentas entre 60.000 y 120.000 euros y al 25,5 por ciento
para rentas de 120.000 euros en adelante, lo que supone un incremento de
un punto. Ha señalado que el incremento de recursos de esta medida
tendrá impacto a partir del año 2014.
También
se prevé multiplicar por 1,10 la tarifa actual del Impuesto de
Patrimonio y por 2 el tipo de gravamen autonómico del Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de determinados hidrocarburos hasta agotar la banda
máxima permitida a las comunidades, quedando fuera el gasóleo de uso
agrícola. Se va a incrementar además el tipo de gravamen general de
actos jurídicos documentados, pasando del 1,2 al 1,5 por ciento, y en lo
que respecta a la tasa fiscal sobre el juego se aumentará la tarifa
para maquinas recreativas.
Otras
medidas para lograr ingresos consisten en un plan de optimización en la
recuperación de un tercio de la cantidad entregada en concepto de
adelanto de fondos europeos, así como el mantenimiento de medidas como
venta y alquiler de activos patrimoniales, el llamado 'sale and lease
back' (con una previsión de obtener 350 millones por esta vía). La Junta
también espera obtener ingresos adicionales a través de la lucha
coordinada con el Gobierno contra el fraude fiscal.
Para
la consejera, este plan que se presentará al ministerio es
"equilibrado, justo y equitativo" y con él se da respuesta a las
exigencias del Gobierno central, mientras que no se ve afectado el
núcleo de "nuestro modelo de prestación de servicios" públicos.
Martínez
Aguayo ha señalado que los principios que ha tenido la Junta para tomar
sus decisiones es la preservación del sistema educativo, por lo que
Andalucía no incrementará la ratio de alumnos por aula; buscar el máximo
mantenimiento del empleo público, optando por otras alternativas, ya
que la ampliación de la jornada laboral a 37,5 motivaría "sin más" el
despido de unas 30.000 empleos, y pedir un esfuerzo "temporal y
solidario del conjunto de empleados públicos, proveedores, sindicatos y
organizaciones empresariales".
Ha
indicado además que si el Gobierno cumpliera con la Disposición
Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía y estuviera dispuesto a
reconocer los 1.504 millones de euros que la propia Intervención General
del Estado ha reconocido como menores inversiones en la comunidad en
los años 2008 y 2009, el ajuste del gasto hubiera sido exclusivamente de
1.000 millones de euros.
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